Los derechos de las personas se están vulnerando

El EPU a España de 2015, incluyó un conjunto de 11 recomendaciones relacionadas con las medidas políticas y legislativas que el Estado español debería llevar a cabo para garantizar procedimientos de asilo eficaces conformes con el derecho internacional.

Ese mismo año, España asumió en el marco de la Unión Europea, el compromiso de acoger, en el plazo de dos años, a más de 17.000 personas además de las más de 6.000 que ya habían llegado y eran potenciales solicitantes de asilo.

COMPROMISOS INCUMPLIDOS

Las recomendaciones del anterior EPU se han desatendido y los derechos de las personas solicitantes de protección internacional se están vulnerando.

España incumple las recomendaciones realizadas por los órganos de los tratados de Naciones Unidas, que han reiterado la necesidad de cambios en las leyes y políticas nacionales para cumplir con sus obligaciones.

Además, en el contexto actual de pandemia, el Gobierno no ha tomado las medidas necesarias para garantizar el derecho al asilo a todas aquellas personas que siguen teniendo que huir de sus países y que buscan un lugar seguro donde vivir, agravándose así la vulneración de sus derechos.  

 

 

NUESTRAS DEMANDAS

El Estado español debe adoptar las medidas necesarias y revisar las actuales prácticas.

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DESCARGAR Informe sobre la situación de los derechos humanos en el sistema de protección internacional y acogida del Estado español

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El EPU a España de 2015, incluyó un conjunto de 11 recomendaciones relacionadas con las medidas políticas y legislativas que el Estado español debería llevar a cabo para garantizar procedimientos de asilo eficaces conformes con el derecho internacional.

Ese mismo año, España asumió en el marco de la Unión Europea, el compromiso de acoger, en el plazo de dos años, a más de 17.000 personas además de las más de 6.000 que ya habían llegado y eran potenciales solicitantes de asilo.

COMPROMISOS INCUMPLIDOS

Las recomendaciones del anterior EPU se han desatendido y los derechos de las personas solicitantes de protección internacional se están vulnerando.

Además, España incumple las recomendaciones realizadas por los órganos de los tratados de Naciones Unidas, que han reiterado la necesidad de cambios en las leyes y políticas nacionales para cumplir con sus obligaciones.

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El Estado español debe adoptar las medidas necesarias y revisar las actuales prácticas.

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